La semana pasada, una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió un recurso contra un libro de texto de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Es la misma sala que amparó la objeción de conciencia a esta asignatura obligatoria, aunque luego el Tribunal Supremo dijera que no es posible esa objeción. Y el recurrente es la misma familia (Flores Cano) de Bollullos Par del Condado (Huelva) a la que el tribunal andaluz concedió la primera objeción.Desde que el Supremo rechazó esta posibilidad hace cuatro meses -aunque invitara a los padres a estar muy atentos por si algún manual se saltaba la neutralidad ideológica- la polémica parecía adormecida. Pero el hecho es que aún hay al menos 114 alumnos que no entran en clase de Ciudadanía (sobre todo en la de 2º o 3º de ESO, aunque también se boicoteó Ética y Ciudadanía de 4º y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato) porque sus padres así lo quieren.
La mayoría se concentra, según datos de las consejerías, en Castilla y León (48), Castilla-La Mancha (37) y Andalucía (19). En la Consejería de Educación del País Vasco dicen, sin concretar más, que "creen" que la mayoría de los 40 objetores declarados sigue sin entrar a clase. En total, hay siete comunidades que admiten -o creen, pero no saben- tener aún insumisos (hay que sumar Aragón, Extremadura y Cantabria a las ya citadas).
